El Gobierno y la OIT firman convenio por trabajo decente

19.08.2011 | América Latina

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, suscribió un convenio con el director de la Oficina Subregional de la Organización Mundial del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, Guillermo Miranda, para promover el Trabajo Decente en Uruguay. El acuerdo establece las prioridades para la aplicación de las políticas destinadas a llevar acabo el Programa de Trabajo Decente de Uruguay e identifica, en ese marco, las áreas de cooperación entre el Ministerio y la OIT.


 

Sobre el Fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental, el convenio prevé "el perfeccionamiento del sistema de Gestión de las Relaciones Laborales".
En tal sentido se buscará "analizar la evolución y características de la tasa de conflictividad, dada su estrecha relación con las diversas formas de negociación entre los actores. Este análisis debería servir para evaluar los métodos vigentes de prevención y solución de conflictos colectivos, materia en la que existe un déficit", dice el documento al que tuvo acceso LA REPUBLICA.
En cuanto al desarrollo de políticas de promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el convenio prevé "acciones de formación para inspectores y negociadores de la Dirección Nacional de Trabajo sobre temas prioritarios relacionados con los Derechos Fundamentales. Coadyuvando a la descentralización territorial, es necesario trabajar en el interior del país, actuando coordinadamente con la Dirección Nacional de Coordinación con el interior en cursos de formación sobre temas prioritarios".
También la implementación de "campañas de sensibilización y difusión más amplias, con especial atención a los temas de igualdad de género, la situación de los jóvenes y el trabajo infantil".
En materia de relaciones laborales hay voluntad de "diseñar un proyecto de investigación sobre el diálogo social y la negociación colectiva en Uruguay".
En cuanto a Seguridad Social el convenio entre el Ministerio de Trabajo y la OIT prevé "desarrollar un Proyecto destinado a profundizar en el análisis del tema de la Financiación de la Seguridad Social".
Para promover la creación de empleo habrá que "desarrollar un Proyecto destinado a la reorganización institucional del sistema Dinae-Junae, una vez modificada la normativa vigente, a fin de establecer los relacionamientos entre sí y con el resto de las entidades públicas y privadas".
También se fortalecerá la Dirección Nacional de Empleo, con el propósito de perfeccionar su misión de desarrollar acciones a efectos de ayudar a compatibilizar el crecimiento económico con la creación de empleos de calidad, promoviendo el desarrollo y la competitividad de empresas y trabajadores.
Se apuntará a los "Servicios Públicos de Empleo, como opción estratégica y prioritaria de política activa para facilitar el encuentro entre demanda y oferta, con servicios de información, orientación, y de otros servicios", dice el documento.
Los emprendimientos productivos para favorecer la creación de puestos de trabajo a través de servicios para empresas de pequeño porte y de la economía social, tendrán prioridad. 
Concretar la instalación de cinco Centros Públicos de Empleo Territoriales (Cepes) en diferentes departamentos del Interior del país.
Avanzar en la reformulación del Observatorio de Mercado de Trabajo, necesario para la toma de decisiones políticas por parte del MTSS destinadas a realizar acciones relacionadas con el empleo y la formación profesional.
Para ello, se fortalecerá el Observatorio a fin de generar las competencias necesarias para mantener un diagnóstico actualizado del estado de las Relaciones Laborales, mediante la formulación de indicadores que cuenten con una legitimidad técnica inobjetable y que sean pertinentes, entre otros objetivos, para desarrollar un índice de conflictividad laboral; registros de sindicalización y de asociatividad empresarial; de negociación colectiva y de seguridad y salud en el trabajo.
Promover la puesta en funcionamiento de un programa especial para desocupados de larga duración y se intensificará la línea de acción respecto a la recuperación de la capacidad productiva ociosa (empresas recuperadas) promoviendo las instancias interinstitucionales necesarias.

Sobre el Fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental, el convenio prevé "el perfeccionamiento del sistema de Gestión de las Relaciones Laborales".
En tal sentido se buscará "analizar la evolución y características de la tasa de conflictividad, dada su estrecha relación con las diversas formas de negociación entre los actores. Este análisis debería servir para evaluar los métodos vigentes de prevención y solución de conflictos colectivos, materia en la que existe un déficit", dice el documento al que tuvo acceso LA REPUBLICA.
En cuanto al desarrollo de políticas de promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el convenio prevé "acciones de formación para inspectores y negociadores de la Dirección Nacional de Trabajo sobre temas prioritarios relacionados con los Derechos Fundamentales. Coadyuvando a la descentralización territorial, es necesario trabajar en el interior del país, actuando coordinadamente con la Dirección Nacional de Coordinación con el interior en cursos de formación sobre temas prioritarios".

También la implementación de "campañas de sensibilización y difusión más amplias, con especial atención a los temas de igualdad de género, la situación de los jóvenes y el trabajo infantil".
En materia de relaciones laborales hay voluntad de "diseñar un proyecto de investigación sobre el diálogo social y la negociación colectiva en Uruguay".
En cuanto a Seguridad Social el convenio entre el Ministerio de Trabajo y la OIT prevé "desarrollar un Proyecto destinado a profundizar en el análisis del tema de la Financiación de la Seguridad Social".
Para promover la creación de empleo habrá que "desarrollar un Proyecto destinado a la reorganización institucional del sistema Dinae-Junae, una vez modificada la normativa vigente, a fin de establecer los relacionamientos entre sí y con el resto de las entidades públicas y privadas".

También se fortalecerá la Dirección Nacional de Empleo, con el propósito de perfeccionar su misión de desarrollar acciones a efectos de ayudar a compatibilizar el crecimiento económico con la creación de empleos de calidad, promoviendo el desarrollo y la competitividad de empresas y trabajadores.
Se apuntará a los "Servicios Públicos de Empleo, como opción estratégica y prioritaria de política activa para facilitar el encuentro entre demanda y oferta, con servicios de información, orientación, y de otros servicios", dice el documento.
Los emprendimientos productivos para favorecer la creación de puestos de trabajo a través de servicios para empresas de pequeño porte y de la economía social, tendrán prioridad. 
Concretar la instalación de cinco Centros Públicos de Empleo Territoriales (Cepes) en diferentes departamentos del Interior del país.

Avanzar en la reformulación del Observatorio de Mercado de Trabajo, necesario para la toma de decisiones políticas por parte del MTSS destinadas a realizar acciones relacionadas con el empleo y la formación profesional.
Para ello, se fortalecerá el Observatorio a fin de generar las competencias necesarias para mantener un diagnóstico actualizado del estado de las Relaciones Laborales, mediante la formulación de indicadores que cuenten con una legitimidad técnica inobjetable y que sean pertinentes, entre otros objetivos, para desarrollar un índice de conflictividad laboral; registros de sindicalización y de asociatividad empresarial; de negociación colectiva y de seguridad y salud en el trabajo.
Promover la puesta en funcionamiento de un programa especial para desocupados de larga duración y se intensificará la línea de acción respecto a la recuperación de la capacidad productiva ociosa (empresas recuperadas) promoviendo las instancias interinstitucionales necesarias.