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Fondos
de reserva a la bolsa con criterios RSE
El Gobierno central retomará a lo largo de
esta legislatura la aprobación de un proyecto
de ley por el que podría invertir en Bolsa el
diez por ciento de los recursos del fondo de reserva
de la Seguridad Social, que asciende a unos 55.000 millones
de euros, en empresas que atiendan a «criterios
sociales y medioambientales». Así lo aseguró
en Avilés el director general de Economía
Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan
José Barrera Cerezal, en una jornada sobre el
crecimiento responsable de las empresas asturianas organizada
por la Fundación Asturiana de Medio Ambiente.
La intención es que un porcentaje de ese fondo,
que hoy se invierte en Deuda del Estado, pueda invertirse
en Bolsa, es decir, «en empresas, pero en aquellas
que inviertan en criterios socialmente responsables»,
apuntó Barrera Cerezal. «El nuevo Ejecutivo
retomará el proyecto de ley, que será
elevado al Parlamento una vez que concluyan las negociaciones
con los interlocutores sociales», añadió
el director general, que puntualizó, además,
que la ley de Contratos del Estado incorporará
elementos sociales y medioambientales en sus cláusulas,
«para que las administraciones den ejemplo e incorporen
estos criterios con sus propios proveedores».
«El objetivo es llegar también a las pymes
(pequeñas y medianas empresas)», dijo.
En cuanto al nuevo estatuto de los autónomos,
Juan José Barrera puntualizó que un grupo
de cuatro expertos trabaja ya en la elaboración
de un informe sobre la prestación por cese de
actividad de estos trabajadores. «Está
previsto que se presente al Ministerio de Trabajo este
informe a mediados de este año y que no sólo
recoja estas prestaciones sino que, en el caso de aquellos
trabajadores autónomos que estén próximos
a la jubilación y que hayan perdido involuntariamente
el trabajo, puedan recibir otras prestaciones para jubilarse
anticipadamente. A partir de este estudio, el Gobierno
planteará al Parlamento el modelo de esa prestación»,
explicó.
Barrera Cerezal se refirió, además, a
la figura del trabajador autónomo económicamente
dependiente (aquél cuyos ingresos dependen, en
un 75 por ciento, de un solo cliente), la nueva figura
nacida en torno al reformado estatuto. «Ya se
están registrando contratos.
Unas setecientas personas se han dado ya de alta en
la Seguridad Social como trabajadores autónomos
económicamente dependientes. A lo largo del mandato
se concretará más este tipo de contrato.
El registro es competencia de la Administración
General del Estado, pero las comunidades autónomas
que lo deseen pueden registrar las contrataciones a
través de un convenio», matizó.
Barrera Cerezal protagonizó una de las ponencias
de la jornada en la que analizó las políticas
de impulso de la responsabilidad social de las empresas.
Este nuevo modelo de empresa hacia el que se pretende
avanzar pasa por compatibilizar la maximización
de los beneficios con la implantación de prácticas
sociales y medioambientales o propiciar una estrategia
empresarial que mejore el funcionamiento y la gestión
de las empresas mediante una mayor participación
de accionistas, trabajadores, consumidores y otras partes
interesadas en la acción empresarial, entre otros
aspectos. Intervinieron en la jornada, además,
Antonio Paz García, director de la consultoría
Consulting Global; Antonio Blanco, de Fundación
Alimerka, y Belén Luzuriaga, de Grupo Lacera.
(LNE)
Mayo de 2008
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