Así se recoge en el informe de investigación sobre ‘El Derecho Internacional y la UE ante la deslocalización productiva y la pérdida de los Derechos Humanos’, elaborado por la Doctora en Derecho y experta en Derechos Humanos y Responsabilidad Medioambiental, Margarita Trejo Poison, en el que se analiza los efectos de la deslocalización y sus efectos cuando el movimiento geográfico se produce fuera de las fronteras del Estado.

El trabajo  sostiene que en el siglo XXI “se sitúa la competitividad internacional por encima de los derechos humanos y medioambientales” por lo que reclama medidas en materia de Derecho Internacional y Comunitario que “impongan” a todos los estados políticas de precaución y cumplimiento de los estándares sociales y medioambientales en todos los países del mundo.

Así, ha señalado que las conductas reprochables de la empresas, en el plano medioambiental o laboral, tienen una incidencia sobre su reputación y sobre “el valor de la compañía”. De esta manera, la autora sostiene que este tipo de prácticas “pueden depreciar el valor de las acciones hasta un 15%” en el mercado.

Así, el trabajo apunta que la deslocalización provoca la creación de puestos de trabajo en destino con una calidad relativa por tratarse de zonas industriales con ventajas especiales para atraer inversores extranjeros en los que se transforman productos importados. Actualmente, más de 43 millones de trabajadores trabajan en las Zonas Francas de Exportación (ZFE) de todo el mundo, la mayoría de ellas radicadas en China.

A las anteriores vulneraciones, ligadas a la deslocalización productiva de las empresas hay que unir, según la experta, el fenómeno de afianzamiento del trabajo forzoso, ejecutado bajo amenaza o coacción, incluso “en los países ricos”. Tanto es así que actualmente 12,3 millones de personas padecen algún tipo de coacción laboral o realizan algún tipo de trabajo forzoso en el mundo (OIT).

Según Margarita Trejo Poison, “se trata de un problema estructural. Los salarios míni­mos legales no permiten a las trabajadoras y los trabaja­dores cubrir sus necesidades y la industria y las grandes empresas presionan a los gobiernos de los países pro­ductores para que estos mínimos bajen o desaparezcan. Los gobiernos y el sector empresarial de los países produc­tores tienen una parte de la responsabilidad, pero son las grandes empresas transnacionales las que explotan estas condiciones pese a sus declaraciones de buenas intenciones, sus códigos de conducta y su responsabili­dad social corporativa”.

El informe puede ser descargado pulsando aquí.