Los estándares se alinean con el marco de taxonomía de la UE que define qué actividades económicas la UE considera ambientalmente sostenibles.

El reglamento, adoptado por 418 votos a favor, 79 en contra y 72 abstenciones, establece normas uniformes para los emisores que deseen utilizar la denominación "Bono Verde Europeo" o "EuGB" para la comercialización de sus bonos.

Los estándares permitirán a los inversores dirigir su dinero con mayor confianza hacia tecnologías y negocios más sostenibles. También le dará a la empresa que emite el bono más certeza de que su bono será adecuado para los inversores que quieran añadir bonos verdes a su cartera. Esto aumentará el interés por este tipo de producto financiero y apoyará la transición de la UE hacia la neutralidad climática.

Transparencia

Todas las empresas que opten por adoptar los estándares y, por tanto, también la etiqueta EuGB al comercializar un bono verde, deberán revelar información considerable sobre cómo se utilizarán los ingresos del bono. También estarían obligados a mostrar cómo estas inversiones influyen en los planes de transición de la empresa en su conjunto. Por lo tanto, la norma exige que las empresas participen en una transición verde general.

Los requisitos de divulgación, establecidos en los llamados “formatos de plantilla”, también pueden ser utilizados por empresas que emiten bonos que aún no pueden cumplir con todos los estrictos estándares de la EuGB pero que aún desean señalar sus aspiraciones verdes.

Revisores externos

El reglamento establece un sistema de registro y un marco de supervisión para los revisores externos de los bonos verdes europeos, las entidades independientes responsables de evaluar si se cumplen las normas. También estipula que cualquier conflicto de intereses real o potencial que puedan enfrentar los revisores externos se identifique, elimine o gestione adecuadamente y se divulgue de manera transparente.

Flexibilidad

Hasta que el marco de taxonomía esté completamente en funcionamiento, los emisores de un bono verde europeo tendrían que garantizar que al menos el 85% de los fondos recaudados por el bono se asignen a actividades económicas que se alineen con el Reglamento de taxonomía de la UE. El otro 15% podrá destinarse a otras actividades económicas siempre que el emisor cumpla con los requisitos para explicar claramente a dónde se destinará esta inversión.