La Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa (ICAR) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) presentan una Guía sobre la Industria Extractiva y los Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos (NAP).

El documento proporciona una guía sobre cómo las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el sector extractivo deben abordarse en los Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. Está destinado a ser utilizado por Estados que administran grandes cantidades de reservas de petróleo, gas, minerales y otros recursos naturales (Estados de acogida) y Estados donde las empresas multinacionales de extracción están domiciliadas o registradas (Estados de origen).

El espíritu del documento llama a reconocer los efectos dañinos de las operaciones extractivas en las comunidades en las que operan y adoptar Planes que tengan consideración estos impactos en los derechos humanos. Esta guía se propone como un conjunto de elementos mínimos de consideración en la creación de un PNA.

Tras la adopción de los Principios Rectores en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros para que elaboren Planes sobre empresas y derechos humanos. Desde entonces, diecinueve Estados han publicado planes de este tipo. Si bien un Estado debe considerar todos los sectores e industrias al desarrollar un PAN sobre empresas y derechos humanos, dada la alta probabilidad de impactos adversos causados ​​por proyectos extractivos, los Estados que son ricos en recursos naturales y que acogen empresas extractivas multinacionales deben prestar especial atención al sector extractivo dentro del marco sustantivo de su PAN.

Esta publicación es la tercera de una serie de plantillas temáticas centradas en grupos específicos de titulares de derechos o sectores particularmente relevantes para el tema de las empresas y los derechos humanos.

Más información en este link.