Argentina

La Camara de Diputados inició el debate por la Ley de Lobby

12.06.2017 | Transparencia
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados de Argentina iniciaron el debate del proyecto de Régimen de Gestión de Intereses con la presencia del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Queremos que “cada una de las reuniones entre el sector público y privado esté registrado en un registro de audiencias, donde quede establecido el día de la reunión, contenido y motivo de la misma, y que ese registro sea público y de acceso ciudadano”, expresó el funcionario.

Se inició finalmente en Diputados el debate del proyecto de Régimen de Gestión de Intereses, comúnmente conocido como “ley de Lobby”. Fue con la presencia del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, quien se presentó en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General celebrado en la Sala del 2° piso Anexo C de la Cámara baja, que se extendió breves minutos, durante los cuales el funcionario dio detalles del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de abril a la Cámara baja.

Adrián Pérez precisó que la iniciativa atiende a la relación entre lo público y lo privado y cuando algún sector “intenta incidir manifestando su interés en que haya una determinada norma”, lo cual, aclaró, “no es malo en sí mismo, en la medida que esto sea transparente”.

“Pretendemos con la norma que ese proceso que se da entre el sector público y privado sea transparente”, sostuvo Pérez, añadiendo el interés porque “cada una de las reuniones entre el sector público y privado esté registrado en un registro de audiencias, donde quede establecido el día de la reunión, contenido y motivo de la misma, y que ese registro sea público y de acceso ciudadano”.

Ante el plenario de las comisiones presididas por los diputados macristas Pablo Tonelli y Luis Petri, Adrián Pérez agregó que los sectores obligados por esta norma son los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el presidente de la Nación hasta el cargo de director nacional; los integrantes del Congreso, de la Auditoría General de la Nación y el defensor del Pueblo, entre otros, y aclaró luego que “no estamos partiendo de cero, sino que esta norma tiene un antecedente en el decreto 1172, que es un buen antecedente”.

El citado decreto data del 3 de diciembre de 2003 por el que se regula, entre otros aspectos, el acceso a la información pública en general, el cual se aplica a todo organismo que funcione bajo la órbita del PEN. Pero al tratarse de un decreto, todas las herramientas que brinda se limitan al ámbito del Ejecutivo Nacional. Por eso es que el proyecto de ley que acaba de enviar el Gobierno al Parlamento busca ampliar el campo de acción en la materia y prever controles y estándares mínimos para que la actividad, al tiempo que contribuya a mejorar el proceso de toma de decisiones estatales, se realice con el más alto grado de transparencia posible, establece el proyecto.

“Los registros de audiencias estaban circunscriptos (hasta ahora) al ámbito del Poder Ejecutivo y ahora lo estamos haciendo abierto, y estamos obligando a las empresas del Estado, al Poder Legislativo, al defensor del Pueblo, etcétera”, a atenerse a la norma, indicó Pérez.

El secretario de Estado aclaró que “establecemos una cláusula mediante la cual, cuando se escucha a un sector, hay que abrir la posibilidad de escuchar la posición divergente en la temática; en el mundo en donde hay estas leyes se promueve un tema de transparencia y de igualdad de trato, y eso está establecido también en este proyecto”.

Pérez contó que para la elaboración de este proyecto fueron convocados expertos, académicos y también funcionarios que aplican leyes de gestión de intereses en otros países, y citó puntualmente el caso del Consejo de Transparencia de Chile. “Nos pareció interesante lo que nos contó gente que vino de ahí”, señaló, apuntando que esos expertos contaron que “hay como dos grandes posiciones en materia de gestión de intereses; en algunos países se establecen dos registraciones, sector público y registración de lobistas. A su vez, hay un registro de lobistas; aquel que quiere llegar a un funcionario, previamente tiene que quedar registrado. Algunos países tienen una visión de una registración; en Chile los funcionarios sugirieron para una primera etapa únicamente una registración. Comenzar con eso”.

En ese sentido puntualizó que “la registración de lobistas terminó siendo muy burocrática; nadie quería registrarse y se dificultaba la audiencia”. Por eso comentó que los chilenos aclararon que si tuvieran que empezar de nuevo aplicarían únicamente la obligación de registración para funcionarios públicos”.

Quienes se oponen a un registro de gestores, afirman que acrecienta la burocratización y rigidez, y genera evasión o reticencia de parte de los lobistas, abundó Adrián Pérez. Además, “se lo considera restrictivo para las minorías”, dijo, y agregó que “un registro de gestores iría en contra del principio de equidad”.

“Por eso elegimos el camino que parece más simple, ágil y menos burocrático, para poner transparencia a las relaciones que existen entre el sector público y privado”, señaló Pérez, a favor de que “esos mismos organismos sean capaces de velar por la aplicación de la ley de lobby”.

A la hora de las preguntas, solo intervinieron diputadas oficialistas. La radical Karina Banfi celebró “la idea y la iniciativa de parte del Poder Ejecutivo de avanzar con este tipo de normas”, y recordó que se trató en ese mismo ámbito la Ley de Información Pública, “dijimos que esa era la nave nodriza de una serie de normas que tenían que empezar en el marco jurídico argentino para fortalecer la lucha contra la corrupción y bregaran por la transparencia de todos aquellos que gestionamos fondos públicos”. Asimismo valoró el interés de “aprovechar la experiencia comparada”.

Otra diputada radical, Carla Carrizo, también celebró que “finalmente llegó, que haya un proyecto de ley de lobby”, y elevó como inquietud “ver el modo en que se pueda incorporar la defensa de voces, que se garantice igual trato para todos”.

“Hay que garantizar igual trato cuando hay un conflicto de interés con alguna asociación y debemos ver el modo de garantizar eso”, señaló, ante lo cual Adrián Pérez aclaró que el artículo 9 del proyecto prevé la igualdad de trato, pero admitió que “tranquilamente puede estar reglamentado en la norma para garantizar la igualdad de trato”.

Concluida la exposición del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Pablo Tonelli anticipó que el tema va a ser considerado en la próxima reunión de asesores, de donde saldrá un proyecto consensuado para que “en la próxima reunión de comisión podamos discutirlo y dictaminarlo”. (Fuente: Revista El Parlamentario)

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